Cataluña avanza en una normativa para la regulación del alquiler, texto que han elaborado el sindicato de alquileres catalán y el Departamento de Justicia de la Generalitat. Se prevé que esta nueva ley de alquiler abarque a los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes, y por tanto, afectará de lleno al colectivo de propietarios de esta comunidad autónoma.
Sobre esta iniciativa, Vicenç Hernández Reche, director general de Tecnotramit: asegura que “este tipo de política intervencionista tiene un efecto negativo probado en el mercado”. “No es una medida novedosa -explica el directivo-. La historia nos muestra ejemplos de políticas similares en diversas ciudades del mundo desde la 1ª Guerra Mundial, porque son medidas de fácil implementación y de carácter populista”.
“En el corto plazo son medidas positivas ya que atacan una acción inmediata y directa a los problemas de accesibilidad de ciertos colectivos. Pero la evidencia histórica expone que en el medio y largo plazo la aparición de efectos contrarios relevantes especialmente cuando se mantienen durante períodos de tiempo elevados”, explica el directivo.
En este sentido, Fernández Reche sostiene que, a partir de este tipo de medidas, la oferta de alquiler reacciona disminuyendo el número de viviendas disponibles en el mercado, reduciendo los gastos de mantenimiento de las viviendas o cambiando la composición de la vivienda ofertada con el objetivo de sortear la regulación.
“De manera adicional, se puede crear una segmentación en el mercado de la vivienda originando un mercado dual, y tienen una incidencia negativa en aquellos segmentos fuera del alcance de la regulación por la presión al alza de los precios”, asegura.
Aspectos jurídicos
Desde un punto de vista jurídico, David Viladecans Jiménez, director del área de Asesoría Jurídica de Tecnotramit, afirma que “se podría decir que resulta una medida inconstitucional dado que se está legislando sobre una cuestión que es competencia del Estado, lo que incluso señaló el propio Consell de Garanties Estatutaries 2019, al dictaminar sobre una medida similar que se intentó implantar en ese año por parte de la Generalitat”.
Además, -concluye-, “una limitación de las rentas podría ser inconstitucional si se considera que atenta gravemente a la propiedad privada, dado que si bien la propiedad privada, según la Constitución, debe tener una función social, lo que no puede admitirse es que se creen medidas gravemente atentatorias contra la propiedad o que encubran una especie de expropiación. La nueva ley de alquileres en Cataluña ha de preservar también los intereses del propietario y sin carácter retroactivo”.