El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, mejor conocido como la plusvalía municipal, es un tributo que está dando mucho que hablar estas semanas por la gran litigiosidad que produce, debido a diversas sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban nulos algunos de sus preceptos.
La plusvalía tiene como objetivo gravar el incremento de valor de una vivienda durante el tiempo que está en posesión hasta que esta pasa a otra persona física o jurídica. Afecta, por lo tanto, a cualquier contrato que suponga un intercambio de la propiedad, bien sea una cesión, una compraventa, herencia o una donación.
¿Cuál es la polémica?
En principio, la plusvalía parece un impuesto municipal como otro cualquiera, sin embargo, no está exento de polémica por su dudoso contenido. Hasta en tres ocasiones, en 2017, 2019 y 2020, el Tribunal Constitucional falló que algunos de sus preceptos eran inconstitucionales, provocando una ola de litigios por parte de los contribuyentes.
Así, el impuesto no se puede exigir, según el TC si en el periodo computable no se ha producido un incremento real de valor, si se acredita que la cuota tributaria excede de la plusvalía producida, o más recientemente, se considerará nula la liquidación cuando la cantidad a pagar sea igual o mayor a la ganancia.
El problema es, que, tras estas sentencias, las leyes no se han readaptado, por lo que los ayuntamientos, que no tienen competencia para legislar, pero si se están enfrentando a los litigios, están pidiéndole al Estado que regule en base a estos supuestos.
Al mantenerse las normas tal y como nacieron, los litigios entre los contribuyentes y los ayuntamientos han crecido de forma espectacular, estando en disputa alrededor de 4.000 millones de euros en impuestos en todo el conjunto del territorio.