El Tribunal Constitucional ha determinado que Catalunya no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. En este sentido, las principales organizaciones de representación del sector inmobiliario catalán, con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) al frente, presidida por Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, han lamentado no haber sido escuchadas pese a solicitar reiteradamente reunirse con el presidente de la Generalitat de Catalunya para poder comunicar sus inquietudes y propuestas, así como para compartir su experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado.
En este sentido, las reiteradas resoluciones contrarias están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad. Por tanto, el sector inmobiliario catalán ha alertado de que “es hora de que, de una vez por todas, el Govern y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza”.
“Es necesario crear un marco adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible alcanzar el consenso necesario, en el que cada actor asuma su papel. Se trata de que propietarios e inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también de que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler”, rezaba el comunicado conjunto de las más importantes entidades inmobiliarias catalanas.
Así pues, una vez más, el sector inmobiliario catalán ha reiterado su ofrecimiento y predisposición a colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas. “No se puede escuchar únicamente las propuestas de unos determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda”, demandaba el comunicado.